Aún a riesgo de ser pesado, voy a hablar de nuevo sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía a cuento de la sentencia de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha resuelto que no cabe la objección de conciencia. Por 22 votos favorables y solamente 7 en contra, el tribunal, compuesto en su mayoría por magistrados de corte conservador, ha fallado de manera rotunda. Los objetores ya han anunciado recursos ante el Constitucional y ante el Europeo de Derechos Humanos, aunque es raro que se pronuncien de manera contraria.

Algunos sectores políticos, sociales y religiosos se han empeñado en utilizar esta asignatura como arma ideológica contra el Gobierno. El caso más llamativo es la decisión de la Comunitat Valenciana de dar la asignatura en inglés, que ha cosechado un fracaso tan rotundo que se ha dado finalmente marcha atrás, con el consecuente gasto inútil de tiempo y de dinero. Como ya dije hace tiempo, en el contenido de la materia no hay doctrina, sino inculcación de valores, derechos y deberes que han de ser de conocimiento universal, básicos para la convivencia y el civismo, la tolerancia y el respeto a los demás. Y no sólo es compatible con la orientación religiosa de los alumnos, sino que lo complementa.

Educación para la Ciudadanía, despectivamente llamado el «catecismo socialista» por sus detractores, no es una ocurrencia de Zapatero ni de ninguno de sus ministros, sino que parte de una recomendación de la Unión Europea, concretamente se trata de la ‘Recomendación (2002)12 del Comité de Ministros de los Estados miembros relativa a la educación para la ciudadanía democrática’ [PDF] aprobada el 16 de octubre de 2002 en la que especifican los motivos de la implantación de la asignatura:

Preocupado por el nivel creciente de apatía política y cívica, por la falta de confianza en las instituciones democráticas y por el aumento de los casos de corrupción, racismo, xenofobia, nacionalismo agresivo, intolerancia con las minorías, discriminación y exclusión social, que constituyen graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas.
Deseoso de proteger los derechos de los ciudadanos, sensibilizarlos con respecto a sus responsabilidades y reforzar la sociedad democrática.
Consciente de la responsabilidad de las generaciones presentes y futuras para mantener y salvaguardar las sociedades democráticas, y del papel de la educación para promover la participación activa de todas las personas en la vida política, cívica, social y cultural.

Así que espero que esta sentencia del Tribunal Supremo ojalá sirva para remover de una vez por todas los obstáculos para poder educar a unas nuevas generaciones en valores más respetuosos y tolerantes. Mucho más que lo somos nosotros o lo fueron nuestros antepasados.