Bien por Santos Juliá. El historiador ferrolano publicó ayer en las páginas de El País un demoledor artículo antidemagógico. Tras el título de «Poda de Funcionarios», Juliá contesta la columna de opinión de Luis María Anson en las páginas del diario El Mundo del pasado 26 de marzo, encabezada por un llamativo «Cada Funcionario nos Cuesta un Ojo de la Cara». En ella se quejaba amargamente de lo que costábamos al resto de los ciudadanos. Los que seguimos el blog El Ojo Izquierdo, dedicado a repasar las lindezas de la prensa de la derecha, ya estamos acostumbrados a las salidas de pata de banco de este hombre.

El texto de Anson es la clásica ensalada de falsos argumentos, tan simples y demagógicos. Y la mayor falsedad de todas es que Zapatero sea el responsable de este «desbordado» coste público. También se da a entender que se combate el paro «dando» (sí, parece que las plazas de funcionario las regalan) puestos para nuevos empleados públicos:

«Durante una época se combatió el paro creando empleo público innecesario. Pan para hoy y hambre acentuada para mañana. En la cabeza de Zapatero crepita ahora la misma idea. El paro se combate con efectos inmediatos incrementando el número de funcionarios.Se trata de empleos que cuestan un ojo de la cara, que son innecesarios y que terminarán por arruinar al país. […] Zapatero combatió el paro el año pasado con la creación de 35.855 plazas de funcionarios, es decir, de empleo caro e improductivo.»

Entre medias, las clásicas alusiones de falsa equidistancia. A saber: «Muchos funcionarios públicos son admirables y trabajadores.» o «No quiero hacer distinciones de partidos. Todos se han dedicado siempre que han podido a colocar en las diversas Administraciones a sus amiguetes, simpatizantes, enchufados, paniaguados y parientes.». Así escurre el bulto repartiendo un poco por aquí y otro poco por allá. Una vieja técnica. Pero el lector de este tipo de prensa ya sabemos con lo que se queda y hacia dónde (mejor dicho hacia quién) dirigirá sus odios. Ya sabemos que la culpa de la situación económica es de Zapatero.

El gran acierto del artículo de Juliá es el de poner las cifras reales y actuales sobre la mesa y de hablar del gasto público del que nadie habla: los Ayuntamientos, las Diputaciones y las Comunidades Autónomas. Somos el 11,6% de la población activa, mucho menos que en otros países como Francia, los países del este o algunos nórdicos. Más de dos millones y medio, de los cuales el 43% están dedicados o a la sanidad o a la educación. Otros 250.000 son miembros de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado:

Por supuesto, todos estos funcionarios, más los conductores de autobuses urbanos, los encargados de la limpieza de calles, plazas y paseos, los diligentes expendedores de documentos de identidad, pasaportes y carnés de conducir, los vigilantes de museos, etc., etc., no se caracterizan precisamente por sus altos salarios ni por sus millonarios planes de pensiones: congelar el salario de un médico, un maestro, un policía, un administrativo, no tiene idénticos efectos que congelar el de un directivo del BBVA o del Santander. Vamos, que con congelar a unos cuantos de estos habría para mantener la temperatura de varias decenas de miles de aquellos: el salario anual de 1.000 funcionarios importa la mitad del plan de pensiones de algún alto ejecutivo bancario. En todo caso, no es por ahí por donde el Estado podrá ahorrar sin grave deterioro de los servicios que los ciudadanos reciben de las instituciones sostenidas en el trabajo de estos funcionarios.

Respecto a los organismos no dependientes del Gobierno central, que a la postre son los que se llevan buena parte de la tajada del dinero público:

¿Por dónde, pues? [se refiere al recorte del gasto público] Por una mayor eficiencia, desde luego, pero también por donde sobran, por las burocracias clientelares que han crecido al rebufo de las autonomías sin más control que la amistad de presidentes, consejeros y demás cargos en función de neocaciques. Ahí, en séquitos de autoridades autonómicas, en oficinas abiertas en el extranjero, en televisiones para amigos, en directores o directoras generales de identidad, en asesores internos y externos, en estudios sobre el color de los peces y otras corruptelas y corrupciones, es por donde habría que comenzar los planes de austeridad y de poda.

Ya que estamos con el tema este de la derecha liberal-solo-en-lo-económico contra los funcionarios (del Estado), aprovecho para comentar brevemente un correo electrónico que recibí en el trabajo que provenía de CCOO y en el que se comentaba las falsedades que el Grupo Intereconomía a través del ¿periódico? La Gaceta lanzaba contra los funcionarios de la Dirección General de Tráfico. El titular y subtítulo del rotativo ultraconservador eran los siguientes: «Interior paga la mitad del veraneo a empleados públicos de Tráfico», «El presupuesto asciende a 120.000 euros, un 25% del coste del personal de este órgano. Los empleados podrán elegir entre ocho destacados destinos costeros.». El sindicato respondió al diario con una carta desgranando lo falso de su «información»:

¿Quién de su periódico ha visto los Presupuestos Generales del Estado? ¿Cómo pueden decir que 120.000 euros corresponde al 25% del gasto de personal? Tráfico cuenta con aproximadamente 10.000 agentes, 5.000 funcionarios y 500 laborales, es decir, aproximadamente 15.000 efectivos. Si 120.000 € fuese el 25% del coste de personal de este Organismo, resultaría que 480.000 € es el total. Como hacer cuentas no es difícil (salvo, parece, para los periodistas de Intereconomía) el resultado de la operación es sencillo: 480.000 / 15.000 => 32 € por efectivo al año. 32 / 12 (sin pagas) => 2,6 € al mes.

El presupuesto destinado a apartamentos sale del 1% de las retribuciones de los empleados públicos; lleva instaurado desde 1992, lo han mantenido todos los Gobiernos y fue elevado, por cierto, al 1% por el Partido Popular, pues antes se destinaba sólo el 0,7 %.

Más claro imposible. Después de el sueldazo de 2,6 euros mensuales por cada funcionario de Tráfico poco podemos decir. El descaro de Intereconomía no tiene límites. Lanzan informaciones falsas o cifras que nadie comprueba, todo con la intención de atacar al Gobierno. ¡Como si no hubiera hechos reales para hacerlo!