Por si alguien todavía no lo sabe, el ejecutivo francés pretende proteger la «creación artística» (más bien diría yo la industria) sancionando a los internautas que descarguen contenido protegido a través de p2p con el corte de su conexión y en última instancia con una multa. Me asaltan muchas dudas al respecto. La primera y más importante es cómo se las van a ingeniar las operadoras (que imagino que serán quienes hagan de «centinelas») para discernir si se descargan archivos con copyright o no. La segunda es cómo van a analizar el increíble volumen de descargas de millones de usuarios diferentes y si las empresas proveedoras de internet están dispuestas a hacer un desembolso en los recursos materiales y humanos necesarios para una tarea tan titánica.

En cualquier caso me da la impresión de que esta ley tiene más de ruido disuasorio que de poder efectivo. Al menos yo lo veo así. Las declaraciones de los responsables de redactar la norma afirman que al recibir el primer aviso vía correo electrónico, entre el 80 y el 90 por ciento de los «infractores» dejarán de descargarse contenidos. Estoy impaciente por ver como evolucionan los acontecimientos y si realmente será una medida efectiva o si sólo se quedará en humo.

¿Qué ocurriría si en España se promulgara una ley similar a la que aprobó el gobierno de Sarkozy? Pensándolo bien, yo replantería la pregunta hacia un ¿Es posible en España una medida así? A bote pronto la respuesta es no. Un contundente no. No puede haber sanción si no hay falta ni delito. Hasta la fecha, y como he repetido alguna vez, la descarga de contenidos, sea cual sea, no es delito si no media ánimo de lucro. Y cada vez hay más sentencias al respecto. Por eso tengo la impresión de que aquí no se correrá el riesgo de establecer una medida tan injusta e impopular. El Gobierno que la implante se juega la pérdida de confianza de millones de internautas.