El ministro para las Administraciones Públicas, Jordi Sevilla presentó hoy el anteproyecto que se está preparando sobre el Estatuto del Empleado Público [PDF], una ley que, tarde o temprano, nos afectará a muchos de nosotros. Lo que se pretende es rescatar la iniciativa que comenzó el PP en 1999 para elaborar un Estatuto del Funcionario, de la que se han extraído algunas partes. El principal objetivo de esta reforma será aumentar la eficacia de la Administración y hacerla más profesional.

Por lo que he leído en el borrador, los puntos que más llaman la atención son la nueva categorización de los grupos, que pasa de los A, B, C, D… actuales a A1, A2, B1 y B2, extinguiéndose los de categoría inferior a la D. Otro punto importante es abrir la puerta a las administraciones autonómicas para que fijen los complementos propios, siendo las retribuciones básicas iguales para todas las administraciones. Esto supondrá que posiblemente el trabajo de funcionario público esté mejor pagado.

Pero sin duda lo que más ha llamado la atención es la posibilidad de que el funcionario que no cumpla efectivamente con su trabajo, pierda su puesto. Esto se ha interpretado mal en algunos medios. Pérdida de trabajo no supone la baja como funcionario, sino su destino con carácter forzoso a otro puesto para desempeñar otras funciones. Esto es algo que, en parte, ya viene contemplado en el régimen disciplinario de los funcionarios públicos.