El tema de la vivienda está más de actualidad que nunca. Los periódicos se llenan de cifras estadísticas comparándonos con otros países de la Unión Europea: que si en España la mentalidad es diferente porque preferimos por abrumadora mayoría comprar antes que alquilar, porque la edad de emanicipación es más alta que la de nuestros vecinos.

La realidad es que casi nadie se plantea vivir de por vida en una vivienda de alquiler. Yo tampoco. Mis razones quizás sean las mismas que para el resto de futuros compradores: falta de vivienda decente de alquiler, inseguridad (los contratos de arrendamiento se firman anualmente prorrogables por cinco años, tras los cuales se pueden «revisar» las condiciones), precios altos (que hacen que compense pagar una hipoteca) y, añado yo, problemas a la hora de hacer grandes reformas en la vivienda.

Pero los compradores se enfrentan al hándicap de vivir en deuda con su banco prácticamente de por vida. Aunque el precio de la vivienda no sube tanto como en años pasados, aún son altísimos en la mayoría de las capitales españolas. Un auténtico escándalo. Porque es inadmisible e incomprensible para mí que se haya dejado de mano de las leyes del mercado un bien de primera necesidad como es la vivienda. No estamos hablando de un coche, ni siquiera de un trabajo. Se trata de un lugar donde poder vivir. Vamos, lo más básico del mundo.

El Estado, que es el único que puede paliar la situación, está de brazos cruzados o por lo menos no está haciendo lo suficiente. Las Viviendas de Protección Oficial son casi testimoniales, una gota de agua en un mar de pisos. La única administración que se ha enfrentado con valentía al problema ha sido la Junta de Andalucía. No voy a entrar en si esta medida es puramente electoralista (las autonómicas coincidirán con las generales de marzo). En mi opinión, los poderes públicos pueden hacer mucho por romper el mercado libre. Todavía no se sabe cómo, pero garantizarán una vivienda a todos aquellos andaluces que ingresen menos de 3.000 euros al mes y que no invertirán más de un tercio de su renta en ella. De momento esto es una excepción.

Así que, muy a mi pesar, tiene que ser la iniciativa privada la que ponga su granito de arena para paliar el problema. La loable iniciativa de José Moreno, el «promotor aficionado» que construyó 400 viviendas en un buen lugar de Fuenlabrada y que vende por 82.000 euros cada una es el mayor exponente. Pero empresarios y altruismo no son precisamente un binomio muy frecuente.

Con este panorama, para muchos sólo queda protestar y llamar la atención de cualquier forma. Que todo sea por reivindicar nuestro derecho a la vivienda.