Ya se puede decir que tenemos Proyecto de Ley de Memoria Histórica. O al menos está lista para ser debatida en sede parlamentaria. Hasta llegar a aquí, el texto que aspira a convertirse en norma ha pasado por todo tipo de obstáculos, zancadillas e insidias. Primero (y obvio) fue la negativa del Partido Popular de participar en su elaboración. Después, las discrepancias lógicas de los partidos de izquierdas. Y por último los escollos que planteaban los partidos nacionalistas, mayoritariamente democristianos, sobre las víctimas religiosas causadas por el bando republicano.

Finalmente el proyecto ha salido adelante y, si se aprueba con el articulado con que cuenta el texto actualmente, supondrá un reconocimiento oficial para las víctimas y los represaliados durante la guerra civil y la posguerra, ampliándose las prestaciones económicas que perciben. También se reconoce la labor de las Brigadas Internacionales, voluntariado extranjero que lucharon con los republicanos para restablecer la legalidad. Otro aspecto importante es la implicación de las Autoridades Administrativas en la investigación, localización y exhumación de las fosas comunes de los asesinados que aún permanecen en cunetas y campos de toda España.

Pero de lo que más se está hablando es del artículo 15. Se trata del párrafo que trata sobre los símbolos franquistas, otorgando poder a las diferentes Administraciones para retirar estos símbolos. Si estos elementos se encuentran en edificios de organismos privados, se les podrá retirar posible subvenciones. Ante esto sólo puedo decir: ¡ya era hora! Han tenido que pasar treinta años de las primeras elecciones democráticas después de la dictadura para que por fin se tome en serio el tema de borrar los vestigios franquistas y de reconocer oficialmente unas víctimas de la guerra que, por ser del bando de los vencidos, fueron silenciadas durante más de cuarenta años.