Está claro que vivimos una etapa en que se politiza todo. La ciega y equitativa Justicia, uno de los tres poderes sobre los que se asienta cualquier Estado de Derecho, está viviendo una lucha política sin precedentes. Hasta hace poco, las sentencias del Tribunal Constitucional, uno de los altos tribunales españoles junto con el Supremo, podían gustar o no, pero eran legítimas, es decir, estaban dictadas por magistrados elegidos según estaba establecido en las leyes. Pero las cosas están ahora al límite.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. Su renovación debió haberse producido hace más de un año, pero la mayoría conservadora (jueces nombrados por el Partido Popular cuando estuvo en el Gobierno) se resiste al cambio. De esta manera pretenden ser un «contrapoder» ante el Gobierno y el Congreso actual, con mayoría progresista. La ley exige que la renovación del CGPJ sea pactada entre las fuerzas políticas. De momento la situación de bloqueo permanece. Quizás el Partido Popular espere hasta las elecciones por si la situación mejora. Si fuera así, sería la primera vez en la historia que un Gobierno no negocie una renovación del CGPJ.

Pero el «contrapoder» conservador se extiende también al Tribunal Constitucional. De sus 12 miembros, 6 (incluída su Presidenta, con voto de calidad en caso de empate) fueron nombrado por partidos progresistas o nacionalistas y otros 6 por conservadores (PP). Aparentemente la relación de fuerzas es favorable a la mayoría parlamentaria actual, pero existen multitud de subterfugios para «apartar» a los juristas de determinada deliberación. La figura de la recusación permite evitar que un miembro del Tribunal se pronuncie sobre un recurso de inconstitucionalidad si se prueba que su opinión puede ser conocida de antemano o tiene relación con el hecho a tratar. Ante tal equilibro de fuerzas, cualquier pequeño cambio puede suponer un vuelco en la decisión. Para complicar más las cosas, tres miembros conservadores y la Presidenta progresista terminan su mandato a final de año. Cuatro nuevos juristas deben ser elegidos.

Están en juego echar por tierra leyes como el Estatut de Catalunya, la llamada «ley de matrimonios homosexuales» y muchas otras. Tantas como 19, que son los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP contra leyes del Gobierno durante esta legislatura. ¿Qué ocurriría entonces? Creo que nadie se lo ha planteado seriamente, pero supondría una hecatombe de tales dimensiones que tendría una repercursión impredecible. Sería inaudito que un tribunal, por motivos políticos, anulara leyes votadas por un Parlamento y un Gobierno elegido democráticamente.

También creo que debería haber algún mecanismo, tanto en el CGPJ como en el Tribunal Constitucional para asegurar una imparcialidad, aunque sólo fuera aparente. Ahora mismo, cualquier sentencia del Constitucional sobre una ley con tintes políticos, corre el peligro de no ser acatada. Y cuando las decisiones judiciales no se acatan, la democracia se resquebraja.