Leo en Telegraph.co.uk una noticia fechada en el pasado 27 de agosto en la que se cuenta que los gobiernos locales británicos están dotando de poderes cuasipoliciales a más de 1.600 voluntarios. Su misión es la de vigilar y si es menester, multar a aquellos que muestren comportamientos incívicos en sus respectivas poblaciones. Actitudes como proporcionar bebidas alcohólicas a menores de edad, no reciclar la basura, arrojar desperdicios en la vía pública y todos aquellos actos que vayan en perjuicio de la comunidad.

Algunos dicen que esto es una intromisión en la libertad individual de cada uno y que nos encaminamos hacia un enésimo Gran Hermano. Pues no seré yo quien diga lo contrario. Me gustaría que todos fuéramos libres (libertad en la que no creo) para hacer lo que quisiéramos dentro del respeto a los demás. Pero lamentablemente existen individuos que exceden ese límite sagrado y, con sus actos irresponsables, perjudican al resto de los ciudadanos. ¿O es que a alguien le gusta que una moto pase a su lado haciendo un ruido insoportable, o que se escupa en la calle, o encontrarse con los «regalitos» de los perros en medio de la acera? Si la medida tomada en el Reino Unido es disuasoria y soluciona el asunto, o al menos lo mitiga, bienvenido sea. Ojalá no fuera necesaria. Pero lo que está claro es que antes que los derechos individuales están los de la colectividad. Esa es la base de la convivencia.

Aquí en España, quien más está haciendo en este sentido es el Ayuntamiento de Barcelona. Llevan años declarando la guerra a los incívicos, sobre todo a los ruidosos y a los que arrojan basura en la vía pública. Por ejemplo, la Guardia Urbana registró en 2002 más de 65.000 denuncias sobre estos comportamientos. Sería muy largo entrar ahora en buscar causas, pero sin duda la falta de educación en valores ciudadanos tiene mucho que ver en todo esto.

El gran (y grave) problema que le encuentro a este cuerpo de «voluntarios de barrio» es el de los límites de su poder. ¿Quién los controla? ¿Son justos?…