Por desgracia estamos acostumbrados ya a ver en las noticias la convulsa historia de América Latina. Vemos o escuchamos informaciones sobre guerras civiles, guerrillas, guerras civiles y otros con bastante indiferencia, sin pararnos a preguntarnos el por qué de esa situación. El último caso lo tenemos en Honduras. Han transcurrido ya dieciséis días desde que, el 28 de junio, el ejército hondureño irrumpió en el palacio presidencial y detuvo, para posteriormente deportar, al presidente democrático Manuel Zelaya Rosales (del tradicional Partido Liberal de Honduras). En su lugar ocupó el poder ¡otro compañero de su mismo partido!, Roberto Micheletti. Desde el punto de vista de las democracias europeas esto es inaudito.

El Partido Liberal de Honduras tiene, como su nombre indica, una orientación liberal (se entiende que económicamente), mientras que a nivel político y «moral» se acercaría más a un centro-derecha europeo. El espectro político hondureño es muy diferente a la de los países de nuestro entorno. Mientras que la derecha y el centro-derecha está sobredimensionado, en las últimas elecciones legislativas de 2005, la izquierda (la suma de los partidos Innovación y Unidad, que es algo así como la socialdemocracia del país, y Unificación Democrática) apenas alcanzó el 2% de todos los sufragios y 7 diputados de un total de 128. Todos estos datos los comento porque hay quien ha dicho que la razón principal del golpe de estado ha sido evitar que Zelaya se perpetuara en el poder y se convirtiera en el Hugo Chávez centroamericano y por tanto un gobernante «peligrosamente izquierdista».

Pero, evidentemente, las razones del golpe militar no son fáciles de averiguar. He leído algunos artículos sobre esas posibles causas, y, como suele pasar en estos casos, no hay una sola razón. Los partidarios de Micheletti aluden a la reforma de la Constitución de 1982 que pretendía llevar a cabo Zelaya. La Carta Magna del país sólo permite un mandato presidencial de cuatro años, tras lo cual no puede someterse a la reelección (lo dice el artículo 4º: «La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria.»). En las próximas elecciones generales de noviembre, se aprovecharía para añadir una «cuarta urna» en la que se realizaría una consulta popular para el establecimiento de una Asamblea Constituyente que deliberara sobre la reforma de la máxima ley hondureña. Esa reforma consistiría básicamente en retirar la limitación de un mandato presidencial sin posibilidad de reelección. En principio no se trata de nada escandaloso. A mí por lo menos no me lo parece. ¿Qué país prohíbe la reelección presidencial al menos una segunda vez? Es verdad que las cosas no son tan sencillas. El propio Congreso aprobó, días antes del golpe, una ley que prohibía la consulta para la reforma constitucional. También se significó en el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia. Por cierto, el mandato de Zelaya termina en enero de 2010. Esto significa que ni en el mejor de los casos, la Constitución estaría reformada para entonces. Zelaya nunca podría beneficiarse de esos cambios…

Hay razones más probables y más sutiles que aluden a las luchas de poder internas dentro del Partido Liberal, al mantenimiento un statu quo para unos pocos que es sinónimo de opacidad y tráfico de influencias en la vida política y administrativa, algo con lo que Zelaya quería acabar. Es decir, bajo una apariencia democrática, donde apenas hay alternativas al Partido Liberal (algo así como el Partido Revolucionario Institucional mexicano), Honduras es, de facto, una oligarquía, un estado políticamente endogámico donde hace muchos años que no entra aire fresco. Seguro que Manuel Zelaya no era la panacea para solucionar esta situación, pero abrió la caja de Pandora y sufrió las consecuencias.