Aun con el riesgo de meter la pata hasta el fondo (no soy ningún estudioso de las leyes ni sé prácticamente nada de derecho) voy a comentar algunos asuntos a raíz del procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo. Estos días se ha hecho referencia en múltiples ocasiones a la Ley de Amnistía, promulgada el 15 de octubre de 1977. Básicamente, este corto texto de doce artículos viene a ser un «borrón y cuenta nueva» que ponía a cero el contador para iniciar un nuevo camino en democracia. En aquel momento no dudo de que fue una ley beneficiosa, sobre todo para los que fueron verdugos y represores de la dictadura. Las víctimas, muchas encarceladas por delitos políticos, hubieran sido amnistiadas automáticamente y de cualquier modo –en el peor de los casos– al entrar en vigor la Constitución. Esta grosera forma de equiparar a unos y a otros, a ejecutores y ejecutados, de olvidarnos de unos y de otros como si nada hubiera pasado, ha traido mucha cola desde que se aprobó, porque supuso el cierre en falso de un capítulo demasiado traumático y con demasiados flecos sueltos como para poder olvidarse.

Resulta increíble que un estado moderno de la Europa occidental siga amparando legalmente a los represores. La Ley de Amnistía lo deja bien claro en los apartados 5) y 6) del artículo 2.1:

En todo caso están comprendidos en la amnistía:[…]
5. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
6. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.

Mucho más increíble cuando algunos de esos delitos son gravísimos y pueden considerarse crímenes contra la humanidad, que son hechos que no prescriben. Eso al menos dice el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU que España ratificó precisamente en 1977. Ha sido precisamente la ONU la que instó a España en 2008 a derogar la Ley de Amnistía… No deja de ser una vergüenza que países como Uruguay o Argentina hayan derogado hace tiempo sus respectivas leyes de Punto Final y Obediencia Debida (en 2009 y 2003 respectivamente) y que aquí aún sigamos rasgándonos las vestiduras con asuntos que, los más recientes, ocurrieron hace 34 años.

Quizás sea porque aún muchos cargos de poder estén ocupados por personas que se «adaptaron» con rapidez a la nueva era democrática sin asumir enteramente sus premisas, principalmente en instituciones judiciales, donde los puestos son inamovibles y sus componentes se retiran a venerables edades. La nueva derecha «acomplejada» por su pasado no termina de condenar ni de dar carpetazo definitivamente a esa rémora que arrastran, puede que por miedo a perder votos o porque verdaderamente piensan que la Transición está efectivamente completada y no cerrada en falso como opinamos muchos.