La Disposición Final Segunda de la Ley de Economía Sostenible [PDF], más conocida como «ley Sinde», y que pretende regular las descargas de internet no autorizadas, ha conseguido superar el difícil trámite de enmienda en el Senado. Los votos de PP, PSOE y CiU –una inmensa mayoría de la Cámara Alta– han servido para sacar adelante la norma modificada. En lo sustancial no cambia nada, sólo algunos detalles sobre la participación de las autoridades judiciales desde el principio del proceso y la garantía legal durante todo él. Lo dicho, en la práctica no hay nada nuevo. Tendremos, pues, «ley Sinde».

Estaba esperando a ver el desenlace para opinar. Eso ya ha ocurrido, así que es el momento de hablar. Mucho ha sido el ruido que se ha metido desde Twitter, Facebook, blogs, prensa digital, webs de descargas y otros. Como pasa siempre, se recurre a la brocha gorda para emborronarlo todo y evitar el matiz, el detalle que en este caso es verdaderamente importante. Muchos de los que protestan no saben realmente qué es lo que se ha aprobado. Para decirlo en pocas palabras, se establece el protocolo que permitirá el cierre de sitios web que enlacen a material protegido por derechos de autor y no autorizado para su distribución en ellos. Intervendrán en el proceso los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que autorizará la práctica de las indagaciones necesarias para obtener los datos del demandado, y la Comisión de Propiedad Intelectual (dependiente del Ministerio de Cultura), que será quien reciba las denuncias.

En sí, el espíritu de la norma no me parece mal del todo, pero la cuestión que parece que nadie quiere admitir es que es un problema que no tiene solución. Cierto que estamos malacostumbrados a descargar todo gratis. Pero, ¿Quién va a pagar por algo que se puede conseguir de otros modos? Los políticos y las instituciones están obligados, casi empujados, a hacer algo, aunque sea algo inútil como es el caso. Legislar sobre internet no sirve de nada. Los servidores donde se alojan las webs presuntamente «infractoras» pueden migrarse a otro país con una facilidad pasmosa. De hecho, ahora mismo muchas de ellas ya no están en España. No por cuestiones legales, sino económicas. Suele ser más barato.

En definitiva, ya sea ir a por el usuario final como en Francia o contra los negocios «ilegales» de descargas, da la sensación de que ni el derecho ni las leyes tradicionales sirven en la red. ¿Se encontrará alguna vez una solución que contente, al menos en parte, a todos?