Mal vamos. Las autoridades de nuestros vecinos portugueses parece que se han puesto serios para detener el intercambio de archivos mediante redes p2p. Para ello han seguido la senda de la ley HADOPI francesa de sancionar al usuario final y no a las webs de enlaces a contenidos con derechos de autor como nuestra Ley Sinde. De momento, en España no se ha legislado sobre las redes p2p, aunque probablemente se hará en un futuro no muy lejano.

En Portugal, la polémica ha saltado porque la IGAC (Inspecção Geral das Actividades Culturais), dependiente del Ministerio de Cultura del país luso, junto con la AFP (Associação Fonográfica Portuguesa) han elaborado una táctica de dudosa legalidad para «cazar» a aquellos que intercambien archivos. El sistema, llamado en jerga «honeypot» o «tarro de miel», permite insertar en las redes archivos que posteriormente se infiltran para obtener datos del ordenador que realiza la descarga. Es entonces cuando la Administración pasa a la acción y sanciona al «infractor» con la desconexion a internet. Por si esto no fuera suficiente, las pruebas que se pretenden alegar contra los «cazados» son, siendo benévolos, endebles y falsificables, como ha demostrado el Partido Pirata portugués.

Se suele decir que España es uno de los países del mundo más activos en la compartición de archivos en redes p2p. Desconozco si el dato es cierto o no. En cualquier caso estoy convencido de que estamos por encima de nuestro país vecino. Sin embargo tenemos una ley bastante suave en comparación. ¿Se prepara un endurecimiento? ¿Se han dado cuenta de que no servirá de nada? ¿Estarán los internautas portugueses preparando ya sus VPN y sus aplicaciones TOR para no ser detectados? Veremos qué ocurre finalmente, pero sienta un peligroso precedente que hemos de seguir muy de cerca.