En Ciberpaís leo un artículo relacionado con el software libre y la Junta de Extremadura. La esperanzadora noticia de que el año que viene toda la Administración autonómica utiliza software de código abierto me hace reflexionar, una vez más, sobre todo el tiempo que hemos perdido en nuestra querida comunidad. Prácticamente somos los únicos que no tenemos ningún proyecto de software libre a nivel institucional. Es más, se acaban de renovar licencias de Microsoft Windows y Office por valor, ni mas ni menos, de 5,2 millones de euros. Con esto no digo que no se renueven las licencias, sino que se debería pensar ya en ir implantando software libre. Máxime cuando ya existe la experiencia antes indicada de Extremadura. Las aplicaciones no propietarias permiten además, personalizar al máximo todo el entorno para adecuarlo a las peculiaridades de cada Administración.

A nivel de la Administración estatal, el año pasado se aprobó una propuesta de recomendaciones sobre la utilización del software libre [PDF]. Un largo e interesante informe donde se explican todos los conceptos relacionados con el código abierto y toda la filosofía que lo rodea y analizan los pros y los contras de la adopción de software libre.

Entre las ventajas más evidentes están el coste (mucho menor), la posibilidad de personalización (se posee el código fuente), la independencia tecnológica (la Administración no debe ser «esclavo» de una multinacional) o la estabilidad del sistema (siempre se ha considerado la plataforma Unix/linux como más robusta y menos vulnerable que Windows).

Pero también hay inconvenientes, quizás no tan evidentes como las ventajas. Entre estos podemos destacar el tiempo de adaptación por parte de los empleados o incluso rechazo. A pesar de que hoy día la facilidad de los entornos Unix/linux es prácticamente la misma que Windows, sí que existen ciertos escollos que un usuario básico necesita saber superar. Otro de ellos es la falta de personal técnico especializado. No es fácil encontrar dentro o fuera de la Administración personas especializadas en sistemas de código abierto. Su formación puede resultar larga y costosa.

En mi opinión las ventajas compensan con mucho los inconvenientes, siempre que exista verdadera voluntad por implantar software libre y esta implantación se realice racionalmente. Otra iniciativa deseable sería la centralización en un único repositorio de todo tipo de conocimiento, experiencias y aplicaciones a nivel nacional, de forma que, aunque cada Comunidad Autónoma desarrolle sus proyectos, otras Administraciones autonómicas o incluso locales puedan reutilizar estos recursos para sus propios desarrollos.

Claramente, el software libre ha venido para quedarse. No es, desde luego, una moda pasajera y debe tenerse muy en cuenta por los Poderes Públicos, que han de dar ejemplo de eficacia, eficiencia y control de gasto.