Leo antentamente un artículo en el Diario de Burgos (encontrado a través de Barrapunto.com). En él se plantea un asunto interesante. A saber: la Asociación para el Avance de la Informática y la Computación (AAIC) ha convocado la que es la primera (supuesta) «manifestación virtual», que tendrá lugar en el «ciberespacio» español el próximo jueves día 19. Esta protesta consistirá en la descarga simultánea por aquellos internautas que deseen participar del archivo de un documento determinado a una hora determinada y de una web determinada con el objetivo de bloquear o «tirar» el servidor que lo aloja. En concreto, en el comunicado se alude a tres sitios web oficiales: el Ministerio de Educación, el de Industria y el de Economía y Hacienda. Lo que esta asociación pretende conseguir con esta protesta es, básicamente, promover una mayor regulación de la profesión de informático y evitar el intrusismo.

Después de la preceptiva comunicación a la Delegación o Subdelegación del Gobierno correspondiente (en este caso fue a la Delegación del Gobierno en Madrid), la contestación que obtuvieron ha sido bastante discutida, aunque desde mi punto de vista lógica. En el escrito [PDF] se explica que el acto comunicado no entra dentro de los supuestos contemplados en la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión (la 9/1983 de 15 de julio, modificada por la 9/1999), no teniendo esta ni ninguna otra Delegación o Subdelegación competencia sobre el tema. Por contra, considera que puede existir mala fe bajo el derecho fundamental de reunión al pretender cobijar un «bloqueo» encubierto de servidores oficiales con el objeto de provocar un perjuicio al usuario de este servicio público. Eso significa que estos actos concertados y planificados pueden ser objeto de responsabilidades penales. A su vez, la respuesta de la AAIC hace referencia al símil entre un bloqueo de una vía pública y de un servidor, ya que ambos provocan trastornos al ciudadano, sin que exista mala fe en esa obstrucción.

Desde luego el asunto no es sencillo, ya que ambas partes tienen razón. Si tuviera que decantarme por un lado, lo haría en favor de los argumentos de la Delegación del Gobierno. No creo que pueda considerarse como un acto de protesta sin más el convocar actos concertados para provocar la caída de un servidor. Además de ser una medida de dudosa eficacia (aún cuando se consiga el objetivo), ya que los usuarios que intenten acceder al servidor caído no serán conscientes del motivo que lo provocó. No existen «pancartas virtuales», ni «pasquines virtuales» con los que informar al perjudicado y quizás unirse a su causa. Por otra parte, evitar el sabotaje sería sencillo, retirando esos enlaces por tiempo limitado que durara la protesta o modificando la página ofreciendo cinco o seis enlaces alternativos al servidor principal, distribuyendo así la carga y evitando su bloqueo.

Para concluir sólo puedo decir que, aunque comparto los motivos de la protesta de mis colegas de profesión, no creo que sea la forma más adecuada ni la más efectiva… Quizás por eso, la AAIC también ha convocado dos concentraciones «físicas» en Madrid y Salamanca para ese mismo día.