El que los funcionarios no somos de los colectivos más queridos no es decir nada nuevo. En tiempo de crisis, donde el que no ha perdido su empleo, teme por perderlo, es fácil ponernos en el punto de mira con argumentos indemostrables como nuestra poca productividad, que somos un lastre para la sociedad y otros similares. Por eso la polémica con la que se han acogido las declaraciones del presidente del Instituto de Empresa Familiar y responsable de la cadena de productos textiles Mango Isak Denic ha sido considerable. Resumiendo, Denic propone equiparar las condiciones laborales de los empleados públicos a la de los privados, pudiendo por tanto ser despedidos. De igual manera sugirió que su sueldo pudiera ser variable dependiendo de su rendimiento.

Vayamos por partes. El asunto de que los funcionarios tengamos un puesto de trabajo de por vida ha estado en el punto de mira de las organizaciones empresariales y de muchos ciudadanos en los últimos años. Mucho más desde que comenzó la actual situación económica y con ella la inestabilidad del empleo en el sector privado. Lo cierto es que, gracias a nosotros el engranaje del Estado funciona. Funcionarios son los que velan por la seguridad, los que acuden en caso de incendio, los que tramitan las ayudas sociales, los que gestionan estaciones de trenes y aeropuertos… La mayoría de nuestro trabajo no se ve, pero cada uno de nosotros ponemos un pequeño ladrillo para que las cosas marchen.

La inamovilidad del puesto de trabajo es una garantía para el administrado, para que sea tratado con imparcialidad y se mantenga al margen de los vaivenes sociales. A pesar de todo, la realidad es que la tasa de temporalidad en el sector público superó al del sector privado el año pasado. En el corto plazo resulta más barato y rápido cubrir las plazas vacantes con funcionarios interinos (aquellos que no requieren oposición para acceder al puesto, pero lo hacen por tiempo determinado). Todos ellos pueden ser despedidos. Si se hiciera, las administraciones sencillamente no funcionarían.

El segundo tema es el eterno asunto de la productividad. El Estatuto Básico del Empleado Público ya contiene la posibilidad de medir el rendimiento de los empleados públicos, aunque aún no se ha desarrollado ninguna normativa al respecto. Personalmente no puedo imaginar cómo puede hacerse. Sería muy interesante y conveniente que existiera un método de evaluación continua del funcionario siguiendo parámetros y sistemas neutrales y ajenos al propio organismo. Al final, como pasa siempre, todo se quedará en nada.

Como conclusión sólo me queda decir que veo las declaraciones de Isak Denic como un aviso de la actual tendencia económica liberal –o mejor dicho su versión dura neoliberal, donde se combina con una ideología política conservadora o ultraconservadora–: mercado libre y sin regulación y reducción o supresión de la capacidad de intervención del Estado. En otras palabras, la economía y la empresa mandan en detrimento de las personas y las organizaciones estatales. Una tendencia que no ha dejado de conquistar terreno desde principios de los años noventa. Un mundo donde la precariedad y la falta de derechos laborales, incluso dentro de la organización del Estado, puede ser lo habitual. Se terminará por subcontratar a empresas privadas la gestión de ayuntamientos, servicios de Comunidades Autónomas o incluso del Estado central. Quizas hasta nosotros lo veamos. Ojalá no.